Anulan en Albacete una multa de 30.001 euros por cannabis por fallos en las pruebas

Resumen de UnderGrow noticias a partir de la nota de Cáñamo

El tribunal autonómico de Castilla-La Mancha confirmó el 6 de octubre de 2026 la anulación de una multa de 30.001 euros impuesta a la responsable de un local de Albacete. La sanción se había fijado por tolerar consumo de cannabis, pero la justicia consideró que las pruebas no demostraban qué se había consumido realmente en el establecimiento.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha había aplicado la multa en julio de 2021, después de que la policía intervino cuatro cigarrillos que, a su juicio, podían contener marihuana. Un juzgado anuló la sanción en octubre de 2022, según informó El Digital de Albacete, y el tribunal autonómico ratificó ahora esa decisión. El expediente se basaba en la ley regional de espectáculos públicos, que califica de falta muy grave permitir actividades ilegales ligadas al consumo o tráfico de drogas. La cantidad impuesta era el mínimo de esa categoría, que puede llegar a 600.000 euros.

El principal problema fue la cadena de custodia, es decir, el registro continuo de quién tuvo las muestras y dónde estuvieron, que debe garantizar que lo analizado en el laboratorio es lo que los agentes recogieron. Según Infobae, hubo periodos sin control documentado. Además, la titular del local no pudo pedir un segundo análisis para contrastar el resultado, lo que le restó capacidad de defensa.

La Junta sostuvo que un trámite administrativo no exige el mismo rigor que un proceso penal y que los agentes pueden identificar la sustancia por su aspecto y olor. El tribunal rechazó ese planteamiento: para sancionar la tolerancia del consumo hay que acreditar que la sustancia era una droga. La nota recuerda que la ley de procedimiento administrativo da valor a lo constatado por agentes de la autoridad, pero admite prueba en contrario y mantiene la presunción de que no hay responsabilidad hasta que se demuestre. Como comparación, menciona que en Florida un tribunal de apelaciones resolvió en 2025 que el olor por sí solo no justifica un registro, mientras que en Malta se prevén multas de 235 euros cuando el olor molesta a terceros.